Díaz solicita a la Fiscalía la anulación del acuerdo laboral de empleados públicos en Madrid por limitar su derecho a manifestarse.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado este viernes a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo a que tomen medidas contra el convenio de la Comunidad de Madrid que regula las condiciones laborales de los empleados públicos de la región hasta 2028, según informan desde el Ministerio. Este organismo sostiene que dicho acuerdo “limita el derecho a la protesta de los trabajadores públicos”. El convenio es el resultado de una negociación entre el gobierno madrileño y los sindicatos CSIT Unión Profesional, CC OO Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid, CSIF y UGT Servicios Públicos Madrid.

En concreto, se trata del acuerdo del Acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid, aprobado el pasado 11 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el pasado 23 de diciembre.

El artículo 10 y la disposición adicional décima abren la puerta a que, en caso de que los sindicatos que suscriben el convenio promuevan “huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo”, la Administración pueda acordar la “suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos” del personal a su servicio. La ley actual permite a las empresas dar de baja a los trabajadores que participen en una huelga durante esa jornada y descontar su salario de ese día de la nomina mensual. Pero en este caso, se va notablemente más allá, permitiendo que el empleador, en este caso la Comunidad de Madrid, retire los complementos por implantación de la carrera profesional a los participantes no solo en huelgas sino también en cualquier otro tipo de protesta laboral.